Información de la Secretaria del Medio Ambiente tan solo en éste primer bimestre 2017, se han registrado treinta tres incendios forestales en diferentes localidades de la entidad. Comparativamente al año anterior se registra un incremento.
De los incendios presentados durante éste año han sido todos por negligencia de la gente y el último fue por prender fuego a la basura en horarios que no se debe de hacer saliéndose de control, dañando un área boscosa de dos hectáreas.
Pero si a eso se le añade que el 80 por ciento de los incidentes de incendios forestales del 2017 ha sido provocado por una banda de pirómanos de acuerdo a información difundida por Conafor, hace más difícil la conservación de las áreas boscosas de Coahuila.
En la búsqueda de delitos ecológicos graves, como los incendios forestales, los mexicanos carecemos de una autoridad confiable; en este sentido, cualquiera delinque con la certeza, de que se mantendrá impune.
Pero quienes también caminan bajo la misma bandera son los problemas ecológicos que causan los grandes constructoras e inmobiliarias al destrozar arboladas y en el caso de la intervención de una autoridad estatal saben que con solo pagar la multa que es como quitarle un pelo a un gato, como el caso de la Nogalera en la ciudad de Saltillo en el año 2011, se resolvió con la aplicación una multa de 600 mil pesos a la constructora y asunto arreglado.
Queda muy claro el panorama la situación tan vulnerable cuando le corresponde actuar a PROFEPA, en los incidentes de incendio forestales, la gran mayoría causados por la mano del hombre, afectando miles de hectáreas, como también la tala clandestina que se dan en la sierra de alrededor de Coahuila.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sólo investiga unos cuantos y en los casos en los que llegan a encontrar un responsable es únicamente porque como se dice coloquialmente, los encontraron con las manos en la masa, es decir, no tuvo que investigar tras la evidente responsabilidad de un fumador y un paseante que perdió el control de su fogata.
Hablamos de un promedio de 100 por ciento de los incendios forestales, la Profepa sólo puede fincar responsabilidades el 1 por ciento, porque el resto se mantienen impune.
La respuesta de esta autoridad ha sido siempre la misma: es muy difícil encontrar a un responsable, no hay elementos de prueba que permitan localizar a quién tiró un cigarrillo u olvidó apagar su fogata o simplemente encuentran la evidencia del tronco talado pero el resto del tronco desaparecido en los casos de la tala clandestina.
Pero tampoco pueden hacer algo al respecto cuando son evidentes las pruebas de haber provocado un incendio deliberado para encontrar la justificación para poder comercializar con los permisos necesarios para su tala y sustituirlo por una plantita diez centímetros que tardará más de 100 años para sustituir lo antes existía ahí.
Claro que es difícil encontrar a responsables cuando se carece de equipo, de personas bien capacitado, de peritos especialistas, de presupuesto suficiente. La PROFEPA es una dependencia prácticamente olvidada desde el punto de vista presupuestal; a diferencia de ello, tiene un amplísimo ámbito de acción, desde incendios forestales, carecería furtiva, contaminación industrial u hospitalaria.
Los coahuilenses hemos visto con tristeza cómo esta dependencia sólo ha podido agachar la cabeza ante problemas de enormes magnitudes como la contaminación con plomo en la atmósfera y agua de la ciudad de Torreón, la creación de tiraderos clandestinos de residuos industriales o tóxicos en la región Sureste de Coahuila, la contaminación en Monclova por las emisiones de gases tóxicos de empresa como AHMNSA, y el incipiente papel que se juega en los Cimaris para el aprovechamientos de residuos industriales en la entidad.
Aunque la PROFEPA, tenga conocimiento de la hipótesis que dejar quemar el bosque resulta ser muy buen negocio tras talar y comercializar la madera y cuenten con pruebas, ésta siempre negará toda posibilidad.
Cualquiera que sea la verdad, nuestras autoridades ha preferido dejar las cosas en paz, hacer un trabajo de protocolo y punto. El supuesto responsable del incendio más importante ha sido castigado tibiamente debido a la fragilidad de la legislación ecológica, porque con una multa que no repara ningún daño y con la ridícula orden de recuperar el área perdida, lo que resulta técnica, humana y económicamente imposible poder sustituirlo.
Los elementos de trabajo que tiene la delegación estatal de la PROFEPA, incluye a los directivos, están muy lejos de ser óptimos para la gran responsabilidad que tienen en sus manos.
El crecimiento industrial de Coahuila significa el mayor reto que pueda tener en el futuro de esta dependencia. No estaría mal que las autoridades federales y estatales velen por el fortalecimiento de esta obsoleta oficina protectora del medio ambiente y por leyes más rigurosas en las que puedan apoyarse o bien como me lo ha dicho más de una vez el periodista Carlos Robles Nava: “el problema no son las leyes; sino que no las aplican y la solución también es aumentar el costo de las multas”, de lo contrario todos aquellos que actúan al margen de la ley o que se burlan de ella ocasionado destrozos al ecosistema de los coahuilenses se hacen escurridizos como el agua. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org